Por: Angelo Torres, Diego Mondejar, Viviana Mendoza, Abigail Sulca, Maricielo Ramírez, Beatriz Aldana y Gabriela Santos. (Universidad de San Martín de Porres)
Sí, las casonas son parte de nuestra Lima Virreinal, pero el mal manejo de leyes que, supuestamente, deberían protegerlas, han logrado que se deterioren al extremo de convertirse en bombas de tiempo. La Ley de Patrimonio Cultural, diseñada para preservar la riqueza arquitectónica, se ha convertido en generadora de trampas. Un caso palpable lo vemos al presenciar la agonía de una casona en el Jirón Apurímac, cuadra 2, frente a la estación de El Metropolitano. Ya no es patrimonio, según la ley, pero los trámites para demolerla son tan engorrosos que los propietarios siguen esperando luz verde. Mientras, es guarida de indigentes, gente de mal vivir… y se convirtió en baño público.
Según el Colegio de Arquitectos, ante un sismo de grado 8, solo en el Centro Histórico de Lima, hay de 50 mil a 100 mil personas en riesgo. La ley 31980, aprobada en enero de este año, se presenta como primer paso para la recuperación de piezas arquitectónicas. El resto del proceso queda en manos de las instituciones y autoridades, pero la lentitud con que abordan el problema hace que los ciudadanos estén más tiempo expuestos al peligro. No son pocas las casonas que ya perdieron el estatus de “patrimonio”, pero que tampoco pueden ser demolidas, siguiendo abandonadas a su suerte.
«Cada día es un riesgo», nos dice Eduardo, vecino, señalando la casona que amenaza desplomarse en el Jirón Apurímac. Este antiguo edificio, testimonio de épocas pasadas, se ha convertido en peligro para quienes viven y transitan. Lázaro Tapia, vecino hace 48 años, acota: “Hace 20 años estaba su techo, fue desapareciendo, las paredes se deterioraron luego. Como monumento se respetar, pero es peligrosa”, nos comenta.
César Calderón, subgerente de Defensa Civil, gestión de desastres de la Municipalidad de Lima, describe el complejo entramado técnico que enfrenta el municipio. Cada inmueble, muchos de alto valor patrimonial, pasan por análisis exhaustivo en unidades de la municipalidad: Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, ProLima (programa para la recuperación del centro histórico) y la Gerencia de Desarrollo Urbano. Estas instancias definen si la casona es habitable, qué tipo de intervención requiere y cómo manejar el proceso de preservación en armonía con el Ministerio de Cultura. Sin embargo, cuando una casona es propiedad privada, la intervención se limita. Calderón explica que la ley impide a la municipalidad destinar recursos públicos para intervenir bienes privados, salvo se adquieran. Este proceso demora años y las trabas se multiplican entre revisiones, permisos y autorización final. «Es un proceso engorroso», reconoce Calderón.
Un paso para solucionar esta problemática fue la ley 31980, de inicios de año: las casonas con más de 15 años de abandono pasan a manos del municipio para restauración. Actualmente existen 600 en riesgo de colapsar, los procesos deberían empezar cuanto antes. Alexandra Díaz, arquitecta de Arte Express, asociación privada que restaura inmuebles (muchos los vemos convertidos en centros comerciales por dentro, respetando su estructura externa antigua), señala que existe un impacto positivo en la población tras la intervención de un inmueble patrimonial, ofrece seguridad mediante el tránsito personas, fachada iluminada, vigilancia permanente. “Las intervenciones municipales en el entorno urbano, como recuperación de veredas y áreas públicas, iluminación de calles y promoción de una agenda cultural, ayudan a generar movimiento, en consecuencia, hace que las propiedades se revaloricen”, comenta.
Rodolfo Castillo García, arquitecto, magíster en Ciencias con Mención en Planificación Urbana y Regional, nos explicó las formas de recuperar las casonas y la importancia que tienen. “Estas edificaciones representan momentos clave en la evolución de la ciudad, son expresión de la diversidad cultural a lo largo del tiempo. Las casonas históricas requieren recuperación y puesta en valor para seguir formando parte del patrimonio cultural de la ciudad”, señala.
El proceso para declarar una casona Patrimonio Cultural de la Nación en Perú es un viaje burocrático. Bajo la Ley General del Patrimonio Cultural (N° 28296), el Ministerio de Cultura lidera una serie de pasos: desde la solicitud y evaluación hasta la inspección técnica y, finalmente, emisión de Resolución Ministerial de su estatus patrimonial. Sin embargo, la protección de estas edificaciones trae restricciones y desafíos; la demolición está prohibida, salvo casos extremos de peligro y bajo estricta autorización del Ministerio. Castillo sugiere que estas casonas pueden integrarse en el desarrollo moderno de las ciudades mediante la incorporación de actividades dinámicas compatibles. Una es la restauración, que mantiene la fachada como el diseño interior de la casona, y es, en su mayoría, financiada por el sector privado con fines comerciales.
Dueños perjudicados
La investigación inicia con el riesgo de la casona de la cuadra 2 del Jirón Apurímac, pero no por ello critica el rescate del patrimonio. Dicha casona es claro ejemplo de un bien de propiedad privada que se fue derruyendo y también afecta a sus dueños. En este caso particular, hay otro afectado. Tras investigación vía documentos y servicios públicos, hallamos al dueño de la casona: el empresario José Jesús Ruiz Barreto, quien, desconfianza ante la inseguridad, prefería no abordar el tema al inicio, pero luego nos contó el vía crucis que atraviesa.
Ruiz lleva proceso para demoler la agonizante casona amparado en que, incluso, el Ministerio de Cultura oficializó que no es patrimonio. Meses entre MINCUL, PROLIMA y otras instancias. “Pasan los expedientes de Cultura, los ven, regresan a PROLIMA. La casona la compré a otro propietario, creo venta de muebles. Ya la encontramos en ese estado. Y nosotros alertamos a Defensa Civil, para presionar y que le pongan carteles de peligro. No sea ocurre una tragedia. Cultura nos dijo que ya no servía, no era patrimonio, pero entre catastros, expedientes, llevamos tres años de proceso”, nos dice, casi resignado. El caso de Ruiz es el de otras casonas antiguas que perdieron estatus y hoy son epicentros de riesgo. Triste realidad. Mientras, cientos seguirán pasando frente a la casona del Jirón Apurímac, viendo a un agonizante gigante de concreto. O, en este caso, de adobe colonial…
