Los abandonados de las comisarías

Por: Fernanda Luna, Fabiola Falla, Maryfe Santisteban, Linda Marcial, Alessandra Sanguinetti y Lucía Del Río. (Universidad de San Martín de Porres)

Cientos de auxiliares civiles de la Policía Nacional del Perú enfrentan una realidad que muchos ignoran: jornadas largas, salario congelado 7 años y un estatus que los coloca al margen de sus compañeros uniformados. Aunque suene increíble, son 665 auxiliares civiles, quienes desde 2017 asumieron funciones dentro de la PNP y mantienen el mismo sueldo, sin beneficios sociales. Además, su trabajo es subvalorado. Hace 7 años una ley permitió que ingresen (por CAS) a la PNP, para respaldo administrativo (comisarías y otras dependencias) y más efectivos puedan salir a las calles. Descargaba la carga laboral administrativa a los policías y se respaldaban operaciones de campo. El problema surgió porque las normas no evolucionaron con la realidad. Estos peruanos fueron atrapados por una norma congelada que los deja fuera de beneficios que sí tienen los uniformados.

Jorge Ortigas, Zaira Paredes, Gino Velásquez y otros trabajadores invisibles luchan no solo por un salario justo, sino por el reconocimiento de su papel en la seguridad del país. Hacen oír su lucha por dignidad y justicia. La historia comienza en 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski introdujo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) para cubrir puestos administrativos en la PNP. Desde entonces, su número se ha reducido de más de 1000 a solo 665 auxiliares, por el congelamiento salarial y condiciones laborales, que obligó a muchos a dejar sus puestos.

Según nos cuenta Jorge Ortigas, secretario del Sindicato Único de Personal Civil de la Policía Nacional del Perú (SUPCIVPNP), esta situación es insostenible. Se encuentran en proceso legal para exigir homologación, equidad en sueldos y beneficios, con sus pares uniformados. “El salario no cambió desde que empezamos. Son siete años sin incrementos, una inflación que sube y necesidades familiares que no se detienen”, cuenta. Ortigas señala que, aunque el sindicato fue creado para representar sus intereses, han enfrentado desafíos, pues no cuentan con financiamiento ni asesoría legal. Están abandonados. Sus trámites y actividades son financiadas por los propios afiliados, desde el material de oficina hasta las consultas legales.

Zaira Paredes, asistente de personal e información estadística, comisaría de Cruz Blanca, Huacho, es secretaria de actas del sindicato. Recuerda el rechazo. “Cuando ingresamos, muchos policías nos trataban como intrusos. No nos proveían herramientas para trabajar; muchos tuvimos que llevar nuestras computadoras y mobiliario”, indica. Paredes explica que el sindicato interviene para proteger a auxiliares amenazados con despidos sin causa. Hay una campaña para aburrirlos, algo que lograron con 400 de los que ingresaron el 2017. “Hace poco quisieron despedir a una compañera sin justificación. El sindicato pudo detener el despido, estos casos muestran cómo nos perciben en la institución”, agrega.

Están condenados

En 2021, el sindicato encontró en el congresista Carlos Zeballos Madariaga un aliado. Según nos cuenta Gino Velasquez, auxiliar policial en Tacna, en conversación con el congresista surgió la idea de un proyecto de ley. “Nos sugirió crear un proyecto de ley y empezamos a delinear nuestras demandas”, señala. El proyecto, presentado en 2024, propone la incorporación de los auxiliares al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, para acceder a una escala salarial adecuada y beneficios negados. Pero, decepción. El avance es lento, falta diálogo con los congresistas y otras entidades. Por la coyuntura actual, su tema quedó en segundo plano. Si bien Zeballos como otros congresistas les han mostrado apoyo en el papel, al momento de encuentros formales, han declinado de hablar públicamente sobre el proyecto. ¿Por qué? Pareciera que el marco legal no los respaldaría. Es que un cambio implica replantear el Presupuesto Nacional (el del 2025 se cuadró), así que el camino es aún más largo y nadie quiere asumir esta “papa caliente”.

Zaira Paredes cuenta que, aunque el proyecto pasó a la Comisión de Trabajo y otras instancias, como el Ministerio de Economía y Finanzas, hubo opiniones desfavorables. “Nuestro propio empleador, la PNP, no nos apoya. No tenemos respaldo. Ni el Ministerio del Interior nos ha recibido”, menciona indignada. Para entender mejor las dificultades legales, conversamos con Luis Alberto Maravi Acosta, abogado y máster en Gestión Pública, quien nos explica que el régimen CAS limita el aumento de salarios una vez que estos se establecen. “El CAS fue diseñado para cubrir servicios temporales. Y aunque ellos realizan labores permanentes, el régimen no permite ajustes salariales. Si se gesta un proyecto de ley para un cambio en la escala, se necesitaría modificación del presupuesto del próximo año… muy difícil”, señaló, con sinceridad.

Maravi sostiene que la alternativa sería una reforma para su incorporación al régimen SERVIR, con una estructura salarial adecuada. Sin embargo, el proceso de aprobación sería largo y complejo. Otra vía, más compleja es que todos estos trabajadores participen en un nuevo proceso, que podría dejarlos sin empleo. Con proceso nuevo se dictan nuevas reglas de contratos. Pero, otra vez, implica presupuesto, recién para el 2026. Y encima es año electoral, de cambios totales…

Costos humanos

Jorge Luis Flores Monja, auxiliar y voluntario en temas legales del sindicato, agrega que “el sindicato no tiene asesoría jurídica formal, compañeros con conocimientos legales voluntariamente ayudan”. El Covid19 intensificó el impacto (y muerte) en los auxiliares PNP, afectados porque los policías debían salir a las calles en pandemia. José Falla Guerra, auxiliar logístico, Comisaría El Manzano, subsecretario del sindicato, recuerda que, en la crisis sanitaria, a muchos auxiliares no se les proporcionó protección adecuada. Algunos debían comprar sus propias mascarillas. “Muchos renunciaron en ese periodo. La carga emocional y falta de seguridad fue demasiado. Nos ven como si nuestro trabajo no valiera. Somos útiles para la comisaría, para la ciudadanía. El salario no es bueno, la situación emocional es peor. Para otros trabajadores CAS en la PNP sí hay presupuesto… para nosotros solo excusas”, señala resignado. La lucha de los 665 civiles abandonados en la PNP continúa…